Un estudio comparativo sobre el Poder Ejecutivo entre Estados Unidos y España: el uso y abuso de las órdenes ejecutivas y los reales decretos-ley

Abstract

Este artículo contribuye a la investigación abordando el uso del poder ejecutivo unilateral de manera comparada entre los Estados Unidos de América y España. Ambos países tienen herramientas legales que permiten al Ejecutivo legislar de forma unilateral, poniendo en cuestión el principio de separación de poderes. Basándonos en los estudios de Mayer y Santolaya sobre las órdenes ejecutivas y los reales decretos-ley respectivamente, revisamos y ampliamos sus hallazgos con datos actuales, además de realizar un análisis comparado de estas herramientas jurídicas. Nuestras hipótesis son que los Gobiernos progresistas tienden a recurrir con más frecuencia a estas herramientas, especialmente durante sus primeros cien días en el cargo, más aún, cuando los Gobiernos tienen poco apoyo de su rama legislativa. De esta manera, se hace un uso excesivo de la legislación que proviene del Ejecutivo para promover la agenda política del Gobierno, excediendo la intención con la que las órdenes ejecutivas y los reales decretos fueron planteados por los legisladores constituyentes en ambos países.This article contributes to the research addressing the use of unilateral executive power in a comparative manner between the United States of America and Spain. Both countries have legal tools that allow the executive to legislate unilaterally, calling into question the principle of separation of powers. Based on Mayer and Santolaya’s studies on Executive Orders and Royal decree-laws respectively, we review and expand their findings with current data, in addition to applying a comparative analysis of these legal tools. Our hypotheses are that progressive governments tend to resort more frequently to these tools, especially during their first hundred days in office. Even more so, when governments have little support from their legislative branch. In this way, excessive use is made of executive legislation to promote the government’s political agenda, exceeding the intention with which executive orders and royal decree-laws were created by the constitutional legislators