La Administración electrónica y las garantías del procedimiento administrativo

Abstract

La Administración electrónica se desarrolla en el contexto de una sociedad donde la tecnología ocupa el centro de la vida de los ciudadanos, provocando que el mundo legal deba adaptarse a las necesidades que los administrados requieren. Ante ello el legislador convierte en una obligación para determinadas personas, físicas y jurídicas, con base en capacidades técnicas, el método electrónico como modo de relacionarse con la Administración. En este sentido, se abren nuevas formas de actuación por ambas partes, por un lado, la Administración, debiendo disponer de la capacidad y medios para dar respuesta a esta nueva realidad, y por el otro, los interesados, teniendo que adaptarse a los nuevos requerimientos formales que la ley exige. Ante esta nueva realidad surgen numerosos interrogantes que tienen que ir resolviéndose para lograr alcanzar el avance que la Administración electrónica requiere. Sin embargo, a la hora de implantarla están teniendo lugar situaciones jurídicas que, a priori, están limitando los derechos y garantías de los ciudadanos. Todo ello motiva que queramos estudiar esta cuestión, pues no podemos quedarnos indiferentes ante tal limitación. En este sentido, expondremos las principales cuestiones que, desde el punto de vista del procedimiento administrativo, están suponiendo una amenaza para las garantías de los interesados, invitando a reflexionar sobre las mismas. Así, pondremos de manifiesto cómo, a nuestro parecer, existe la necesidad de que los altos tribunales se pronuncien realizando una interpretación en favor de los derechos fundamentales, con el objetivo de asegurar la correcta implantación de la Administración electrónica en España.E-government is developing in the context of a society in which technology is at the center of citizens' lives, forcing the legal world to adapt itself to the demands of the administration users. In view of this, the legislator makes it an obligation for certain individual and legal entities, based on their technical capacities, to use electronic methods as the way of relating to the Administration. In this sense, new forms of action are opened up on both sides: on the one hand, the Administration, which must have the capacity and means to respond to this new reality, and on the other, the interested parties, who must adapt to the new formal requirements demanded by law. Faced with this new reality, numerous questions arise that need to be resolved in order to achieve the progress that e-Government allows. Howºever, when it comes to implementing it, legal situations are arising which, a priori, are limiting citizens' rights and guarantees. This is why we want to study this issue, as we cannot remain indifferent to such limitations. In this sense, we will set out the main issues which, from the point of view of administrative procedure, are threatening the guarantees of the interested parties, inviting us to reflect on them. Thus, we will show how, in our opinion, there is a need for the high courts to rule in favour of fundamental rights, making an interpretation in order to ensure the correct implementation of e-administration in Spain.