El Tribunal Constitucional y algunos casos “políticamente controvertidos” sobre cuestiones de técnica la legislativa

Abstract

Recordando lo que señala el art. 1 LOTC el Tribunal Constitucional “es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido sólo a la Constitución”. Ese papel del Tribunal conlleva una obligación constitucional de juzgar conforme a Derecho y no por motivos ideológicos o morales. Que los tribunales que han de aplicar la constitución puedan tener en cuenta las consecuencias políticas de sus decisiones es una cosa, perfectamente lógica, y otra distinta y rechazable es que la decisión que adopten, incluso tomando en consideración ese factor, no se argumente con razones jurídicas. Pero esta labor ha generado conflictos, que han trascendido a lo meramente jurídico en esos tres ámbitos a los que nos vamos a referir a continuación. En primer lugar, en el ámbito del conflicto de atribuciones y con respecto a las Comunidades Autónomas, especialmente a partir de la STC 31/2010 que declaró inconstitucional parte del Estatuto catalán de 2006, situación que se repitió con las SSTC dictadas con posterioridad a las declaraciones de los estados de alarma declarados a lo largo de 2020 con motivo de la pandemia del COVID. En segundo lugar, en el ámbito del control de constitucionalidad, en tanto el Tribunal Constitucional se ha postulado criticando la labor legislativa y estableciendo medidas cautelares relativas a unas enmiendas resoluciones que han abierto una guerra política en torno al tribunal. Y finalmente en tercer lugar, el ámbito de los derechos fundamentales, que tratan de nuevo acerca de las complejas relaciones entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional, distinguiendo entre relaciones de colaboración y relaciones de control del Tribunal Constitucional respecto de la jurisdicción ordinariaRecalling what is stated in Article 1 of the Organic Law of the Constitutional Court (LOTC), the Constitutional Court "is independent from the other constitutional bodies and is subject only to the Constitution." This role of the Court entails a constitutional obligation to judge in accordance with the law and not based on ideological or moral grounds. That courts applying the Constitution may take into account the political consequences of their decisions is one thing—perfectly logical—and quite another, and unacceptable, is that their decisions, even considering that factor, are not supported by legal reasoning.

However, this role has generated conflicts that go beyond the strictly legal realm in three areas that we will now address.

First, in the area of conflicts of jurisdiction and in relation to the Autonomous Communities—especially following Decision STC 31/2010, which declared parts of the 2006 Catalan Statute unconstitutional, a situation that reoccurred with the Constitutional Court's rulings following the declarations of the states of alarm throughout 2020 due to the COVID pandemic.

Second, in the area of constitutional review, where the Constitutional Court has criticized legislative activity and issued precautionary measures regarding certain amendments and resolutions, sparking a political battle around the Court.

And finally, third, in the area of fundamental rights, which once again deals with the complex relationship between ordinary jurisdiction and constitutional jurisdiction, distinguishing between collaborative relations and oversight relations of the Constitutional Court over the ordinary courts.