El recurso a los MASC como requisito de procedibilidad tras la LO 1/2025: Análisis crítico desde la eficiencia del sistema

Abstract

Este Trabajo de Fin de Grado analiza de forma crítica la configuración de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) como requisito de procedibilidad en el orden jurisdiccional civil español, tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025. La investigación examina la transición del modelo desde el principio de voluntariedad hacia la obligatoriedad actual, detallando las reformas operadas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, con especial énfasis en el régimen de costas y el novedoso concepto de "abuso del servicio público de Justicia". A través de una metodología dogmático-jurídica, el estudio evalúa el impacto de la reforma en la eficiencia del sistema y su encaje con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE). Transcurrido un año desde su implementación, el análisis de la realidad forense revela una preocupante burocratización del trámite pre-procesal y una escasa eficacia real en la reducción de la litigiosidad. Las conclusiones sugieren que la medida opera más como una barrera de acceso que como un impulso a la cultura del acuerdo, planteando dudas razonables sobre su constitucionalidad y adecuación al Derecho de la Unión Europea debido al incremento de costes e inseguridad jurídica para el justiciable.This paper provides a critical analysis of the implementation of Appropriate Means of Dispute Resolution (MASC) as a procedural requirement in the Spanish civil jurisdiction, following the enactment of Organic Law 1/2025. The research examines the transition of the model from the principle of voluntariness to the current mandatory framework, detailing the reforms made to the Civil Procedure Law (LEC)-with a specific focus on the legal costs regime and the novel concept of "abuse of the public justice service". Using a dogmatic-legal methodology, the study evaluates the reform's impact on system efficiency and its alignment with the fundamental right to effective judicial protection (Art. 24 of the Spanish Constitution). One year after its implementation, the analysis of forensic reality reveals a worrying bureaucratization of the pre-procedural stage and limited effectiveness in reducing litigation rates. The paper suggest that the measure acts more as a barrier to access than as a driver for a culture of agreement, raising reasonable doubts regarding its constitutionality and compatibility with European Union Law due to increased costs and legal uncertainty for litigants.