La salvaguarda del derecho a la tutela judicial efectiva en los procesos para el ejercicio de acciones colectivas resarcitorias

Abstract

.La presente contribución, elaborada al amparo del proyecto de investigación “La protección del consumidor en la era digital” (PID2021-122985NB-I00), financiado por la Agencia Estatal de Investigación (Ministerio de Ciencia e Innovación. Gobierno de España); se enmarca en una obra colectiva en la que se abordan los temas más actuales que de algún modo pueden comprometer el derecho fundamental insignia del Derecho Procesal, cual es el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE). La autora aborda desde una óptica crítica los riesgos que entraña para el respeto de este derecho fundamental la deficiente articulación de un sistema de tutela conjunta que desatienda el arbitrio de las garantías necesarias para su preservación. En el marco de esta tipología de procesos que per se modulan, flexibilizan y excepcionan algunos de los principios más básicos sobre los que se asienta el proceso judicial español, el límite infranqueable de tales excepciones debe estar en el artículo 24 CE. Teniendo lo anterior presente, se analizan las quiebras que plantea la regulación vigente de esta tipología de procesos y también la propuesta en el Proyecto de Ley Orgánica de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, en la que los riesgos derivados de los potenciales conflictos de intereses pueden ser incluso mayores.The present contribution, developed under the framework of the research project "Consumer Protection in the Digital Age" (PID2021-122985NB-I00), funded by the State Research Agency (Ministry of Science and Innovation. Government of Spain), is part of a collective work that addresses the most current issues that may, in some way, compromise the flagship fundamental right of Procedural Law, which is the right to effective judicial protection (Article 24 of the Spanish Constitution). The author critically examines the risks posed to the respect of this fundamental right by the poor articulation of a system of joint protection that disregards the necessary guarantees for its preservation. Within the framework of this type of proceedings, which inherently modulate, flex, and exempt some of the most basic principles on which the Spanish judicial process is founded, the inviolable limit of such exceptions must be Article 24 of the Spanish Constitution. With this in mind, the shortcomings posed by the current regulation of this type of proceedings are analyzed, as well as the proposal in the draft Organic Law on collective actions for the protection and defense of the rights and interests of consumers and users, where the risks arising from potential conflicts of interest may be even greater.