Política criminal aplicada en El Salvador : luces y sombras

Abstract

Las maras son pandillas juveniles con gran presencia en América Central que a menudo reproducen conductas violentas y delictivas, tales como la extorsión, el tráfico de drogas y los homicidios. Desde su llegada y expansión a El Salvador en la década de los 80 y 90, el país llegó a encabezar las listas de los países más violentos de América. Tras dos años con unas tasas de delincuencia excepcionalmente bajas conseguidas a través de pactos con pandillas, una oleada de asesinatos en marzo del 2022 llevó al gobierno de Nayib Bukele a activar el Régimen de Excepción que a fecha del 31 enero del 2024 sigue vigente. Como consecuencia se han impulsado una serie de medidas legislativas, penitenciarias y policiales dirigidas a la erradicación del fenómeno de las maras. Estas medidas promovidas son propias de la política criminal del derecho penal del enemigo e implican, por tanto, la percepción de los pandilleros como enemigos del Estado a los cuales hay que suprimir su condición de ciudadano para garantizar la seguridad de la sociedad y el sistema. Gracias a estas medidas la criminalidad en El Salvador está viendo bajos históricos y el fenómeno de las pandillas parece haber llegado a su fin. Sin embargo, la política criminal aplicada por el gobierno salvadoreño está siendo objeto de crítica debido a la violación sistemática de derechos humanos que implica. Además, a pesar de que las tasas de delincuencia parecen haber disminuido, cabe cuestionar la eficacia de estas medidas a medio y largo plazo.The maras are youth gangs with a significant presence in Central America that often engage in violent and criminal behaviours, such as extortion, drug trafficking and homicides. Since their arrival and expansion in El Salvador in the 80s and 90s, the country has topped the lists of the most violent countries in America. After two years with exceptionally low crime rates achieved through agreements with the gangs, a wave of murders in March 2022 led Nayib Bukele's government to put into motion the State of Emergency, which remains in effect as of January 31st, 2024. As a result, a series of legislative, penitentiary and policing measures aimed at eradicating the maras have been implemented. These measures are characteristic of the criminal policy known as enemy criminal law. This leads the State to perceive gang members as enemies of the State whose citizen status must be suppressed to guarantee the security of society and the system. Thanks to these measures, crime rates in El Salvador are at historic lows and the gang phenomenon appears to have come to an end. However, the criminal policy implemented by the Salvadoran government is being criticized due to the systematic violation of human rights it entails. Additionally, despite the apparent decrease in crime rates, the effectiveness of these measures in the medium and long term is questionable.