Tribunal Constitucional y conflictos en defensa de la autonomía local: doce sentencias en veintitrés años

Abstract

A lo largo de estas páginas se procederá al análisis evolutivo del principio de autonomía local desde su inclusión en la Constitución Española (“CE”, en adelante) de 1978 hasta el día de hoy, abril del año 2023. Si bien existen acontecimientos clave en la evolución de este principio, como bien puede ser la Sentencia del Tribunal Constitucional 32/1981, de 28 de julio (primera sentencia que aplica la garantía institucional de la autonomía local) o la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el hito determinante es la entrada en vigor de la Ley Orgánica 7/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. Esta Ley Orgánica implica la apertura de un nuevo cauce procesal, los conflictos en defensa de la autonomía local. El nuevo proceso constitucional habilita la promoción de conflicto frente a disposiciones normativas estatales o autonómicas con base en un único motivo de inconstitucionalidad. Se valorarán los precedentes y consecuencias de este nuevo proceso, así como la idoneidad del mismo en su defensa de “la autonomía local constitucionalmente garantizada”Through this paper, we proceed to the evolutionary analysis of the principle of local autonomy from its inclusion in the Spanish Constitution (“CE”, hereinafter) of 1978 until today, April 2023. Although there have been key developments in the development of this principle, such as Constitutional Court Judgement No. 32/1981 of 28 July (the first ruling implementing the institutional guarantee of local autonomy) or Act No. 7/1985 of 2 April, which regulates the bases of local government, the decisive milestone is the entry into force of Organic Law No. 7/1999 of 21 April, amending Organic Law No. 2/1979 of 3 October, on the Constitutional Court. This Organic Law entails the opening of a new procedural channel, conflicts in defense of local autonomy. The new constitutional process makes it possible to dispute State or Autonomous Community legislation on a single ground of unconstitutionality. The following pages will assess the precedents and consequences of this new process, as well as its appropriateness in defending “constitutionally guaranteed local autonomy”.