El ámbito subjetivo de la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Resistencia del legislador nacional a la incorporación del concepto europeo único de poder adjudicador

Abstract

El presente trabajo aborda el estudio del ámbito subjetivo de aplicación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público de 2017, teniendo en cuenta la evolución de su regulación a lo largo de las tres últimas décadas hasta el día de hoy, marcada por el fenómeno de la “huida del Derecho administrativo”, al aparecer en el ámbito de la contratación entidades de naturaleza privada que ha generado un amplio debate en lo concerniente a la cuestión general sobre a qué entidades ha de aplicarse la legislación y que la jurisprudencia comunitaria ha tratado de esclarecer mediante la interpretación subjetivo-funcional del concepto europeo único de poder adjudicador, que permite a entes, públicos o privados, celebrar este tipo de contratos si reúnen los requisitos para ello. Merece por tanto realizar un análisis sobre las novedades más significativas introducidas en esta reforma y su incidencia a efectos prácticos, para finalmente reflexionar si a través de ella las advertencias sobre la falta de transparencia y concurrencia e incremento de la inseguridad jurídica en nuestra legislación contractual se disipan, para dar paso a una regulación más acorde al Derecho comunitario y a los objetivos que se pretenden alcanzar mediante la transposición de las Directivas, que se concretan en la mejora de la eficiencia del gasto público y el cumplimiento de los principios de transparencia, concurrencia, e igualdad de trato y no discriminación.The present work deals with the study of the subjective scope of application of the new Public Sector Contracts Law of 2017, considering the evolution of its regulation in the last three decades until today, marked by the phenomenon of "flight of the administrative law", when private entities appear in the field of public procurement and that has generated a broad debate regarding the question of which entities are subjet to the legislation, that European jurisprudence has tried to clarify through the subjective-functional criteria of the unique European concept of contracting authority, which allows public or private entities to conclude this type of contracts if the requirements are met . Therefore, it deserves to analyze the most significant legal novelties introduced in this reform, in order to know the legal nature of the entities to which it applies and its impact for practical purposes, to finally contemplate if through it the warnings about the lack of transparency and competence and the increase of legal insecurity in our legislation are dissipated, to give way to a regulation in accordance with European law and the objectives that are to be achieved through the transposition of the Directives, which are specified in the improvement of the efficiency of public spending and compliance with the principles of transparency, concurrence, and equality of treatment and non-discrimination.