La desinversión en combustibles fósiles y la ley de cambio climático y transición energética: una oportunidad para las empresas sostenibles.

Abstract

Hace tiempo que el cambio climático dejó de ser tan solo un riesgo para convertirse en una realidad acuciante y que exige respuestas contundentes por parte de los estados. La Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética constituye el primero de estos grandes esfuerzos regulatorios llevados a cabo por España. La ley promueve una progresiva transformación de nuestro modo de producir, invertir, consumir y, en definitiva, vivir que posibilite el desarrollo sostenible de nuestra sociedad. Para ello, se promueve la desinversión del capital colocado en los activos de la industria fósil a través de distintas medidas con distintos grados de intervención. Una desinversión por la que hasta la fecha aboga el conocido movimiento por la desinversión en combustibles fósiles. Este movimiento, surgido en las universidades, aspira a cambiar los patrones de conducta de los inversores como medio para combatir el cambio climático y lo hace apelando a razones éticas y financieras. Así, se ha conseguido que diversas instituciones descarbonicen sus carteras, generando cierta presión sobre el sector energético. Al mismo tiempo se ha incidido en el área de las políticas públicas impulsando cambios legislativos como el que supone la aprobación de la LCCTE. Esta combinación de factores se complementa con la presencia de empresas que han visto en la sostenibilidad una oportunidad de negocio a largo plazo. Estas tienen ahora una clara ventaja competitiva y un evidente liderazgo en el sector energético desde el que están llamadas a impulsar la descarbonización de la producción de energía. Estas cuestiones son abordadas en el caso de Iberdrola, la cual se encuentra adecuadamente posicionada para atraer el capital procedente de la desinversión y que busca proyectos basados en la sostenibilidad. A ello contribuye una adecuada gestión de la transparencia y de la información no financiera, rebasando los estándares promovidos por la LCCTE.Climate change has long since ceased to be just a risk and has become a pressing reality that requires strong responses from states. Law 7/2021 on climate change and energy transition is the first of these major regulatory efforts undertaken by Spain. The law promotes a progressive transformation of our way of producing, investing, consuming and, in short, living in order to enable the sustainable development of our society. To this end, it promotes the divestment of the capital placed in the assets of the fossil industry through different measures with varying degrees of intervention. A divestment that has been advocated to date by the well-known fossil fuel divestment movement. This movement, which originated in universities, aims to change the behaviour patterns of investors as a means of combating climate change and does so by appealing to ethical and financial reasons. As a result, various institutions have been made to decarbonise their portfolios, putting some pressure on the energy sector. At the same time, there has been an impact in the area of public policy by promoting legislative changes such as the approval of the LCCTE. This combination of factors is complemented by the presence of companies that have seen sustainability as a long-term business opportunity. These companies now have a clear competitive advantage and a clear leadership in the energy sector from which they are called upon to drive the decarbonisation of energy production. These issues are addressed in the case of Iberdrola, which is well positioned to attract capital from divestment and which seeks projects based on sustainability. Adequate management of transparency and non-financial information contributes to this, exceeding the standards promoted by the LCCTE.