La protección de datos de carácter personal en el ámbito judicial

Abstract

Un principio inherente a la impartición de justicia es, sin duda, la adecuada exigencia de ponderación de todos los bienes jurídicos dignos de protección, siendo uno de los aspectos en los que dicha ponderación cobra mayor relevancia aquél en el que deben dilucidarse los límites entre el interés público y el privado. Se trata de una cuestión no exenta de conflicto, por ello, con el ánimo de evitar posibles desafueros, se ha desarrollado un sistema jurisdiccional con una serie de límites y garantías, entre los que destaca el principio de legalidad, que persigue reducir al máximo el arbitrio de los jueces en el ejercicio de la tutela de los derechos de los ciudadanos. Como veremos en el presente trabajo, pese a la importancia del derecho de protección de datos como derecho fundamental, uno de los principales problemas del sistema actual de protección de datos es la insuficiencia del marco normativo vigente en su aplicación al ámbito de la Administración de Justicia, que hace muy difícil resolver los conflictos existentes entre las normas procesales y las normas específicas de protección de datos..A principle inherent to the administration of justice is, undoubtedly, the proper weighing of all the legal interests worthy of protection, being one of the aspects in which such weighing becomes more relevant the one in which the limits between public and private interests must be elucidated. This is an issue that is not free of conflict, and for this reason, in order to avoid any possible misconduct, a jurisdictional system has been developed with a series of limits and guarantees, among which the principle of legality stands out, which seeks to reduce to a minimum the discretion of the judges in the exercise of the protection of the rights of the citizens. As we shall see in this paper, despite the importance of the right to data protection as a fundamental right, one of the main problems of the current data protection system is the inadequacy of the current regulatory framework in its application to the field of the Administration of Justice, which makes it very difficult to resolve conflicts between procedural rules and specific data protection rules.