La financiación de las acciones de representación resarcitorias. El talón de Aquiles de la transposición al ordenamiento español de la Directiva (UE) 2020/1828, de 25 de noviembre

Abstract

El sistema de financiación sobre el que se asienten las acciones de representación o colectivas (fundamentalmente las resarcitorias) es uno de los aspectos centrales que puede determinar el éxito, pero también el fracaso, de este instrumento en la práctica. En este trabajo analizaremos los dos grandes modelos de legitimación y financiación (liberales y conservadores) que hasta el momento han imperado en los ordenamientos jurídicos de corte anglosajón y continental; para analizar seguidamente los problemas que ha generado en España la instauración del modelo conservador, obstáculos éstos que en nuestra opinión han tenido un gran impacto en la ineficacia de las acciones colectivas en nuestro Estado. Por último, analizaremos desde una perspectiva crítica la propuesta de reforma que contempla a este respecto el Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Publico de Justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, con el propósito de transponer al ordenamiento español la Directiva 2020/1828, de 25 de noviembre de 2020, relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores.The financing system on which representative or class actions (mainly compensatory actions) are based is one of the central aspects that can determine the success, but also the failure, of this instrument in practice. In this paper we will analyze the two main models of legitimization and financing (liberal and conservative) that have prevailed so far in Anglo-Saxon and continental legal systems; to then analyze the problems generated in Spain by the establishment of the conservative model, obstacles that in our opinion have had a great impact on the ineffectiveness of class actions in our country. Finally, we will analyze from a critical perspective the reform proposal contemplated in this regard by the Draft Organic Law on measures for the efficiency of the Public Justice Service and collective actions for the protection and defense of the rights and interests of consumers and users, with the purpose of transposing Directive 2020/1828, of 25 November 2020, on representative actions for the protection of the collective interests of consumers, into the Spanish legal system.