El nuevo régimen de impugnación de acuerdos sociales : algunas sugerencias de mejora

Abstract

La Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, basándose en la propuesta de la Comisión de Expertos en materia de Gobierno Corporativo, ha innovado el régimen de impugnación de los acuerdos adoptados por los socios de las sociedades de capital, prácticamente inalterado desde 1989. La reforma elimina la problemática distinción entre acuerdos nulos y anulables; persigue, como sus antecedentes legislativos, la compatibilidad entre la soberanía y discrecionalidad técnica de la junta de socios y el respeto al ordenamiento jurídico aplicable; y pretende evitar tanto los abusos de las mayorías como los excesos impugnativos de las minorías. Intenta así configurar un amplio concepto de acuerdo lesivo para el interés social, comprensivo del abuso de derecho por parte de la mayoría; desea impedir las impugnaciones fundadas en pretextos formales, incorporando reglas como la “prueba de resistencia”; y restringe la legitimación activa de los socios.

El nuevo régimen normativo merece, en general, una calificación positiva, si bien la doctrina científica ha señalado algunas insuficiencias y desaciertos. En este trabajo se sugieren al futuro legislador algunas mínimas mejoras del sistema.Law 31/2014, of December 3, which modifies the Capital Companies Law for the improvement of corporate governance, based on the proposal of the Committee of Experts on Corporate Governance, has innovated the system of challenging the resolutions adopted by the shareholders of the capital companies, practically unaltered since 1989. The reform eliminates the problematic distinction between null and voidable resolutions; pursues, like its legislative history, the compatibility between the sovereignty and technical discretion of the board of shareholders and respect for the applicable legal system; and aims to avoid both the abuses of majorities and the challenging excesses of minorities. In this way, it tries to configure a broad concept of a resolution that is harmful to the social interest, comprehensive of the abuse of rights by the majority; wishes to prevent challenges based on formal pretexts, incorporating rules such as the "resistance test"; and restricts the active legitimization of the partners.

The new normative regime deserves, in general, a positive qualification, although the scientific doctrine has pointed out some insufficiencies and mistakes. In this paper, the future legislator is suggested some minimal improvements to the system.