Evolución jurídica y garantías de la figura del investigado en el proceso penal español tras la reforma de 2015: especial referencia a la limitación de derechos mediante medios de investigación tecnológica

Abstract

El presente Trabajo de Fin de Grado analiza la evolución jurídica de la figura del investigado en el proceso penal español tras las reformas introducidas por la Ley Orgánica 5/2015 y la Ley Orgánica 13/2015. Estas modificaciones responden, en gran medida, a la necesidad de adaptar el ordenamiento jurídico español a las exigencias del Derecho de la Unión Europea, especialmente en materia de derecho a la información, asistencia letrada y garantías procesales.

El estudio parte del conflicto estructural entre el ius puniendi del Estado y los derechos fundamentales del investigado, abordando cómo el legislador ha intentado reforzar el equilibrio entre ambos mediante la ampliación de garantías. En este contexto, se examinan aspectos clave como el derecho a la información, la asistencia lingüística, la confidencialidad de las comunicaciones y la redefinición terminológica del investigado.

Asimismo, el trabajo se centra de forma específica en la regulación de las medidas de investigación tecnológica, introducidas por la Ley Orgánica 13/2015, y en particular en la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas. Estas diligencias representan el punto de máxima tensión entre la eficacia investigadora y la protección de los derechos fundamentales.

Finalmente, se analizan los principales problemas derivados de su aplicación, como el secreto de sumario, el acceso a los elementos esenciales de las actuaciones y los hallazgos casuales, evaluando si el sistema actual garantiza una protección efectiva del derecho de defensa. El trabajo concluye valorando si estas reformas han logrado consolidar un modelo procesal más garantista y acorde con los principios del Estado de Derecho.This Final Degree Project analyzes the legal evolution of the status of the investigated person within the Spanish criminal procedure following the reforms introduced by Organic Law 5/2015 and Organic Law 13/2015. These reforms largely respond to the need to adapt the Spanish legal system to European Union requirements, particularly regarding the right to information, legal assistance, and procedural safeguards.

The study is based on the structural conflict between the State’s ius puniendi and the fundamental rights of the individual, examining how the legislator has sought to reinforce the balance between both through the strengthening of procedural guarantees. In this context, key aspects such as the right to information, linguistic assistance, confidentiality of communications, and the terminological shift from “imputado” to “investigado” are addressed.

The research focuses particularly on the regulation of technological investigative measures introduced by Organic Law 13/2015, especially the interception of telephone and telematic communications. These measures represent a critical point of tension between investigative efficiency and the protection of fundamental rights.

Finally, the paper examines the main challenges arising from their application, including secrecy of proceedings, access to essential elements of the case, and incidental findings. It evaluates whether the current legal framework effectively safeguards the right of defense and concludes by assessing whether these reforms have contributed to the consolidation of a more rights-oriented criminal procedure aligned with the principles of the rule of law.