El control parlamentario de los secretos oficiales

Abstract

En España la regulación de los secretos oficiales que ha estado vigente en estos cuarenta años de vida constitucional es la Ley 9/1968, de 5 de abril, adaptada a la Constitución a través de la Ley 4/1978. En este período la exigencia de transparencia en todas las actuaciones de los poderes públicos y la progresiva incorporación de procedimientos de control, tanto judicial como parlamentario, han generado un vivo debate sobre los límites a la potestad de clasificar materias como secretas o reservadas o la duración de dicha clasificación, todo ello sin perjuicio de la necesaria protección de los bienes constitucionales superiores como la seguridad o la defensa. En tiempos en los que la difusión masiva de documentos confidenciales a través de tecnologías digitales ha generado especial conciencia sobre la necesidad de proteger la información oficial de mayor sensibilidad, la doctrina científica y las fuerzas políticas promueven una reflexión sobre la adaptación de nuestro ordenamiento jurídico a ese equilibrio complejo entre los intereses públicos que los secretos oficiales tratan de proteger y la legítima exigencia de acceso a los documentos e informaciones públicas por parte de los ciudadanos y de sus órganos representativos.n Spain the regulation of official secrets that has been in force in these forty years of constitutional life is the Official Secrets Act 1968, adapted to the present Constitution through several amendments in 1978. In this period the demand for transparency in all actions of public authorities and the gradual extension of scrutiny procedures, both judicial and parliamentary, have generated a lively debate on the limits to the power to classify information or limits on the duration of such classification, notwithstanding the necessary protection of su-perior constitutional values such as National Security. In times when the mass dissemination of confidential documents through digital technologies has generated special awareness of the need to protect official information, the academy and the political forces both promote a deep reflection on the adaptation of our legal frameworkto this complex balance between the public interests that State secrecy seeks to protect and the legitimate demand for access to public documents and information by the citizens and their representative bodies.