Análisis del Proyecto de Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario. Novedades en el control de cláusulas abusivas y novedades en los requisitos para la aplicación de cláusulas de vencimiento anticipado. Hacia una mayor transparencia y protección jurídica

Abstract

La asimetría de información entre profesional y consumidor en el ámbito de la contratación hipotecaria hace que el consumidor se encuentre en una situación de inferioridad y que, por ello, merezca una especial protección. Por esa razón, la Directiva 93/13/CEE establece una serie de disposiciones para la protección del consumidor ante la existencia de cláusulas abusivas en la contratación entre profesional y consumidor. Dicha Directiva debía ser transpuesta por los Estados miembros y, en nuestro país, dicha transposición derivó en una serie de reformas legislativas para adaptar la normativa nacional a la europea, en cuanto a la regulación de las cláusulas abusivas en la contratación entre profesional y consumidor se refiere. Todas esas reformas forman parte de nuestro estudio. Además, tras la crisis financiera e inmobiliaria sufrida por todos los países de la Unión Europea, la presencia de cláusulas abusivas en este tipo de contratación se puso especialmente de manifiesto. Por su parte, la Unión Europea emitió la Directiva 2014/17/UE por la que se pretende unificar las disposiciones existentes en cada uno de los Estados miembros en cuanto a contratos de crédito sobre bienes inmuebles. Así, los Estados miembros se ven obligados a transponer las disposiciones de dicha Directiva, por lo que en España surge la necesidad de reformar la legislación vigente para adaptarla a aquellas disposiciones. Tras varios años de dilación en el cumplimiento de la tarea impuesta por la Unión Europea, el legislador ha aprobado la Ley 5/2019, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, que entrará en vigor en junio de 2019. Esta Ley supone una transposición parcial de las exigencias de la Unión Europea, además de introducir otros aspectos novedosos para garantizar una mayor protección del consumidor, una mayor seguridad jurídica y mayor transparencia en la contratación entre profesionales y consumidores.The asymmetry of information between professional and consumer in the field of mortgage contracting means that the consumer is in a situation of inferiority, therefore deserves special protection. For this reason, Directive 93/13/EEC laws down a number of provisions for the protection of consumers against unfair terms in contracts between professionals and consumers. This Directive had to be transposed by the Member States and, in our country, this transposition led to a series of legislative reforms to adapt national legislation to European legislation, as regards the regulation of unfair terms in contracts between professionals and consumers. All these reforms are part of our study. Moreover, after the financial and real estate crisis suffered by all the countries of the European Union, the presence of unfair terms in this type of contract was particularly evident. For its part, the European Union issued Directive 2014/17/EU which seeks to unify the existing provisions in each of the Member States with regard to credit agreements on immovable property. Thus, the Member States were obliged to transpose the provisions of this Directive, so that in Spain arises the need to amend existing legislation to adapt it to those provisions. After several years of delay in complying with the task imposed by the European Union, the legislator has approved Law 5/2019, regulating real estate credit contracts, which will enter into force in June 2019. This Law represents a partial transposition of the requirements of the European Union, in addition to introducing other novel aspects to ensure greater consumer protection, greater legal certainty and greater transparency in contracting between professionals and consumers.