El escenario regulatorio del sector de la energía tras la aprobación de la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética

Abstract

La mitigación del cambio climático es hoy uno de los principales objetivos de las políticas públicas, debido al impacto que tiene en la gestión de los recursos naturales y la transformación que supone para nuestro modo de vida. Desde esa perspectiva y con objeto de cumplir con sus compromisos internacionales, España aprobó la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética. Esta ley abre la senda hacia una nueva regulación del sector energética que permita desarrollar la transición hacia un modelo más sostenible. No obstante, está repleta de deslegalizaciones y el tímido contenido regulatorio de la misma invita a pensar que puede generar situaciones de riesgo para la seguridad jurídica y el cumplimiento de los objetivos. Por esta razón, es necesario que entren en juego principios informadores, como el principio de no regresión, que den cobertura interpretativa a los casos dudosos y actúen como limitación a la actuación de los poderes públicos. Este principio ya había sido reconocido por otros ordenamientos jurídicos, así como, por el Derecho internacional y la jurisprudencia española. En nuestro Derecho está fundamentado en el art. 45 CE que declara el derecho a un medio ambiente sano. El principio de no regresión implica la interdicción de cualquier actuación de los poderes públicos que suponga un retroceso en el nivel de protección ambiental fijado previamente, sin que esta esté debidamente motivada. No supone, por lo tanto, una petrificación del Derecho sino una exigencia de justificación. El citado principio puede limitar las eventuales regresiones que se puedan producir respecto a determinadas regulaciones energéticas establecidas por la ley y contribuye a crear una confianza legítima para sus destinatarios. No obstante, esta figura entraña ciertas complejidades en el orden constitucional y administrativo que merecen un estudio posterior, una vez el nuevo marco jurídico del sector energético esté del todo fijado.The mitigation of climate change is today one of the main objectives of public policies, due to the impact it has on the management of natural resources and the transformation it entails for our way of life. From this perspective and in order to comply with its international commitments, Spain passed Law 7/2021 on Climate Change and Energy Transition. This law paves the way for a new regulation of the energy sector that will enable the transition to a more sustainable model to be developed. However, it is full of de-legalisations and its timid regulatory content suggests that it may generate risky situations for legal certainty and the fulfilment of objectives. For this reason, it is necessary for guiding principles to come into play, such as the principle of non-regression, which provide interpretative cover for doubtful cases and act as a limitation on the actions of the public authorities. The principle had already been recognised by other legal systems, as well as by international law and Spanish jurisprudence. In our law, it is based on Article 45 EC, which declares the right to a healthy environment. The principle of non-regression implies the interdiction of any action by the public authorities that implies a regression in the level of environmental protection previously established, without this being duly motivated. It does not, therefore, imply a petrification of the law but a requirement for justification. The aforementioned principle can limit possible regressions that may occur with respect to certain energy regulations established by law and contributes to creating legitimate confidence for those to whom it is addressed. However, this figure entails certain complexities in the constitutional and administrative order that merit further study, once the new legal framework for the energy sector is fully established.