El alcance de la campaña institucional y la prohibición de difusión y publicación de encuestas electorales cinco días antes de las elecciones

Abstract

El capítulo examina dos aspectos fundamentales del derecho electoral español: la campaña institucional y la prohibición de publicar y difundir encuestas en los cinco días previos a las elecciones. En relación con la campaña institucional, se analiza su fundamento en el art. 50 LOREG, subrayando su carácter informativo y neutral, destinado a fomentar la participación ciudadana sin influir en la orientación del voto. Se estudian las reformas legislativas y la doctrina de la Junta Electoral Central, que ha delimitado la diferencia entre campañas institucionales y propagandísticas, especialmente en lo referente a la “campaña de logros”. En cuanto a la prohibición de encuestas, se repasan los argumentos jurídicos y políticos que sustentan esta medida, destinada a evitar la manipulación del electorado, así como sus críticas por obsolescencia en la era digital y por su difícil compatibilidad con la libertad de información. El texto concluye que tanto la campaña institucional como el “apagón” de encuestas deben entenderse en el marco de la defensa de los principios de objetividad, transparencia y pluralismo, aunque requieren actualización normativa para responder a los desafíos de las nuevas tecnologías y la desinformación.

The chapter analyzes two key aspects of Spanish electoral law: institutional campaigns and the ban on publishing or disseminating opinion polls in the five days prior to elections. Regarding institutional campaigns, it examines their legal basis in Article 50 of the Electoral Law (LOREG), stressing their informative and neutral character, aimed at fostering citizen participation without influencing voting choices. The legislative reforms and the doctrine of the Central Electoral Board are reviewed, particularly concerning the distinction between institutional and partisan campaigns, with special attention to so-called “achievement campaigns.” As for the ban on polls, the text discusses the legal and political arguments supporting this restriction to prevent voter manipulation, as well as the criticisms of its obsolescence in the digital era and its questionable compatibility with freedom of information. The chapter concludes that both institutional campaigns and the “poll blackout” must be understood within the framework of safeguarding objectivity, transparency, and pluralism, although they require regulatory updating to meet the challenges of new technologies and disinformation.