En torno a la defensa del interés general de los recursos naturales y el medio ambiente en Roma y su continuidad histórica

Abstract

.El artículo de Salvador Ruiz Pino analiza la defensa del interés general respecto a los recursos naturales y el medio ambiente desde una perspectiva histórico-jurídica. Se centra en la continuidad de la acción popular desde Roma hasta el Derecho contemporáneo como instrumento esencial para proteger bienes colectivos. A través de fuentes romanas —leyes, senadoconsultos e interdictos populares—, se demuestra que cualquier ciudadano estaba legitimado para actuar en defensa de la salubritas y los recursos comunes, como el agua, la tierra o los espacios públicos. Esta tradición influenció la configuración del Derecho Administrativo moderno y la participación ciudadana en la protección medioambiental. El trabajo destaca la vigencia de la acción popular en el Derecho español, reconocida en la Constitución y reforzada por normas internacionales como el Convenio de Aarhus. Finalmente, se subraya que la defensa del medio ambiente requiere de mecanismos democráticos que permitan la intervención activa de la sociedad, garantizando la tutela judicial efectiva y la sostenibilidad. La experiencia romana constituye, por tanto, un referente histórico de enorme utilidad para afrontar los desafíos actuales en materia ecológica y jurídica.

Salvador Ruiz Pino’s article explores the defense of the general interest in natural resources and the environment through a historical-legal approach. It emphasizes the continuity of popular action from Roman law to contemporary legal systems as a key mechanism to safeguard collective goods. Roman sources—laws, senatus consulta, and popular interdicts—show that any citizen was entitled to act for the protection of salubritas and common resources such as water, land, or public spaces. This Roman tradition significantly influenced the development of modern Administrative Law and the recognition of citizen participation in environmental protection. The article highlights the current relevance of popular action in Spanish law, enshrined in the Constitution and reinforced by international frameworks such as the Aarhus Convention. Ultimately, it stresses that environmental protection requires democratic tools enabling active social involvement, ensuring effective judicial protection and sustainability. Roman experience, therefore, offers a valuable precedent for addressing today’s ecological and legal challenges.