La incorporación de la protección de los Derechos Humanos y el fomento del desarrollo humano en los acuerdos de protección y promoción recíproca de inversiones (APPRI) de España con países emergentes y en desarrollo

Abstract

Los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) son tratados bilaterales que contienen medidas destinadas a proteger, en el plano del derecho internacional, las inversiones realizadas por los inversores de cada estado parte en el territorio del otro estado parte. Con el objetivo de atraer y facilitar la Inversión Extranjera Directa (IED) los APPRI ofrecen seguridad jurídica y protección al inversor extranjero frente a la mayor parte de los riesgos que puedan acontecer. Recientemente Naciones Unidas, en sus Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos y a través de sus órganos especializados, ha mostrado su preocupación por la desmesurada protección que los APPRI dispensan a los intereses de los inversores extranjeros frente al interés general de los países en los que se establecen y por las limitaciones que imponen al espacio político del que éstos gozan para promover el desarrollo humano y garantizar el respeto de los derechos humanos. Este artículo analiza las principales características de los 61 APPRI que España tiene en vigor, pone éstas en el contexto de las propuestas de reforma recogidas en el primer borrador del Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos y realiza una comparativa respecto a las mejores prácticas internacionales en esta materia. El análisis permite afirmar que España ha incorporado de forma muy débil en sus acuerdos APPRI el contenido necesario para fomentar una IED respetuosa con los derechos humanos y promotora de desarrollo humano.

Bilateral Investment Protection and Promotion Agreements, or Bilateral Investment Treaties (BIT), are bilateral treaties that include measures designed to protect the investments made by the investors of each state party in the territory of the other state party under international law. In order to attract and facilitate Foreign Direct Investment (FDI), BITs offer foreign investors legal security and protection against most of the risks that may occur. Recently, in its Guiding Principles on Business and Human Rights and through its specialized organisations, the United Nations has expressed its concern for the outsized protection that BITs provide to the interests of foreign investors as opposed to the general interests of the recipient countries, as well as the limits that they impose on the policy space that countries have to promote human development and ensure respect for human rights. This article analyzes the main features of the 61 BITs that Spain currently has in force, with a methodology based in UNCTAD s Investment Policy Framework for Sustainable Development (IPFSD). This analysis is then put in the context of the reform proposals included in the draft of Spain s I National Plan on Business and Human Rights, and compared to the best international practices in this area. This analysis makes it possible to state that the inclusion in Spain s BITs of the content necessary to promote FDI that respects human rights and promotes human development is very weak.