Los derechos sociales en búsqueda de su destino: ¿es necesario reformar la Constitución para tal fin?

Abstract

La celebración de los cuarenta años de la Constitución y, sobre todo, la limitación que la reciente crisis económica parece haber provocado en las prestaciones sociales, ha reavivado el debate de la naturaleza de los derecho sociales, de su reversibilidad y de los poderes de configuración de los mismos por parte del Legislativo y Ejecutivo. En este trabajo planteamos que dotar de verdadera eficacia a los derechos sociales no exige una reforma constitucional que ubique a dichos derechos entre los que reciben la condición de fundamentales, sino que basta con aplicar las reglas que permiten en nuestro sistema constitucional un control de las decisiones públicas que afecten a tales derechos. Los principios de racionalidad formal y material y el principio de protección frente a la vulnerabilidad pueden operar como reglas de control no robusto, pero en absoluto poco eficaces, de las decisiones adoptadas por los poderes legislativo y ejecutivo en interpretación y desarrollo de tales derechos, sobre todo, en la medida que muchos de ellos conectan con las condiciones mínimas de participación en el modelo democrático.

The celebration of the forty years of the Constitution and, above all, the limitation that the recent economic crisis seems to have caused in social services, has revived the debate on the nature of these rights as a mere social right, their reversibility and of the powers of configuration thereof by the Legislative and Executive. In this paper we propose that providing social rights with real efficacy does not require a constitutional reform that places them among those who receive the status of fundamental, but it is enough to apply the rules that allow our constitutional system a control of public decisions that affect such rights. The principles of formal and material rationality and the principle of protection from vulnerability can operate as non-robust but not ineffective control rules of the decisions taken by the legislative and executive powers in the interpretation and development of such rights, on everything, to the extent that they connect with the minimum conditions of participation in the democratic model.