La contratación pública como instrumento en la consecución de objetivos de desarrollo sostenible: las dificultades prácticas que evidencian los conflictos

Abstract

Las Directivas comunitarias de 2014 conciben la contratación pública como un mecanismo de intervención económico y social que, más allá de las necesidades de aprovisionamiento de las Administraciones Públicas, debe dirigirse hacia la consecución de objetivos de interés general ligados a las diversas políticas públicas. Así, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público propicia la inclusión de fines sociales, ambientales y de innovación en la actividad contractual, de suerte que, sobre el papel, muchos de los objetivos de desarrollo sostenible tendrían cabida en el marco de la contratación pública estratégica. Sin embargo, el análisis de los conflictos pone de relieve que el tránsito de las previsiones normativas hacia su materialización práctica es problemática por diversos factores: así, entre otros, el juego de algunos de los principios de la contratación pública se demuestra en ocasiones incompatible con dicha pretensión de incorporar fines indirectos; tampoco ayuda favorablemente la inercia en el modo asentado de entender determinados aspectos de la contratación entre los aplicadores o la elevada conflictividad en torno a la incorporación de elementos novedosos en los pliegos… Mediante el análisis de la normativa y algunos conflictos recientes, este trabajo trata de evidenciar los obstáculos que están encontrándose las Administraciones públicas para poder utilizar la contratación como instrumento activo de políticas sociales y ambientales tendente a fines como la lucha contra la pobreza energética, la inclusión de personas con discapacidad, apoyo a las organizaciones de economía social o fomento de fuentes de energía renovable; fines, todos ellos, conectados con objetivos de desarrollo sostenible. Las Directivas comunitarias de 2014 conciben la contratación pública como un mecanismo de intervención económico y social que, más allá de las necesidades de aprovisionamiento de las Administraciones Públicas, debe dirigirse hacia la consecución de objetivos de interés general ligados a las diversas políticas públicas. Así, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público propicia la inclusión de fines sociales, ambientales y de innovación en la actividad contractual, de suerte que, sobre el papel, muchos de los objetivos de desarrollo sostenible tendrían cabida en el marco de la contratación pública estratégica. Sin embargo, el análisis de los conflictos pone de relieve que el tránsito de las previsiones normativas hacia su materialización práctica es problemática por diversos factores: así, entre otros, el juego de algunos de los principios de la contratación pública se demuestra en ocasiones incompatible con dicha pretensión de incorporar fines indirectos; tampoco ayuda favorablemente la inercia en el modo asentado de entender determinados aspectos de la contratación entre los aplicadores o la elevada conflictividad en torno a la incorporación de elementos novedosos en los pliegos… Mediante el análisis de la normativa y algunos conflictos recientes, este trabajo trata de evidenciar los obstáculos que están encontrándose las Administraciones públicas para poder utilizar la contratación como instrumento activo de políticas sociales y ambientales tendente a fines como la lucha contra la pobreza energética, la inclusión de personas con discapacidad, apoyo a las organizaciones de economía social o fomento de fuentes de energía renovable; fines, todos ellos, conectados con objetivos de desarrollo sostenible.

The 2014 Community Directives conceive public procurement as an economic and social intervention mechanism that, beyond the supply needs of Public Administrations, must be directed towards the achievement of objectives of general interest linked to the various public policies. Thus, Law 9/2017, of November 8, on Public Sector Contracts encourages the inclusion of social, environmental and innovation purposes in contractual activity, so that, on paper, many of the sustainable development objectives would have fit within the framework of strategic public procurement. However, the analysis of the conflicts highlights that the transition from regulatory provisions towards their practical materialization is problematic due to various factors: thus, among others, the play of some of the principles of public procurement is sometimes shown to be incompatible with said claim to incorporate indirect purposes; neither does the inertia in the established way of understanding certain aspects of the contracting between the applicators or the high conflict regarding the incorporation of novel elements in the specifications help favorably ... Through the analysis of regulations and some recent conflicts, this work tries to highlight the obstacles that public administrations are encountering to be able to use contracting as an active instrument of social and environmental policies aimed at goals such as the fight against energy poverty, inclusion of people with disabilities, support for social economy organizations or promotion of renewable energy sources; purposes, all of them connected with sustainable development goals.