La tutela judicial frente a las conductas contrarias a la Ley de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico

Abstract

Frente a las conductas que contravengan lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de junio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (en adelante, LSSICE), los usuarios tienen a su disposición todo el repertorio de acciones civiles y penales a fin de reclamar el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por vía electrónica. Sin embargo, y al margen de los cauces tradicionales en materia de tutela judicial, la LSSICE contempla un recurso de tutela colectiva adicional, cual es la conocida como "acción de cesación", cuyo propósito reside en obtener el cese inmediato de toda conducta contraria a la LSSICE que lesione los intereses colectivos o difusos de los consumidores y usuarios. En la presente contribución nos detenemos en el análisis de este último recurso, no sólo porque haya sido objeto de regulación específica en el marco de la LSSICE, sino porque su complejidad plantea innumerables interrogantes que merecen una reflexión. Con todo, y debido a la imposibilidad de abarcar todos los aspectos controvertidos de la citada regulación, hemos seleccionado en este caso, por la relevancia e interconexión que les liga, tan sólo dos. El primero, referido a la legitimación, a la que expresamente se refiere el artículo 31 LSSICE (contemplando un peculiar elenco de sujetos legitimados para entablar la acción de cese), y, el segundo, a los efectos de las sentencias dictadas en los procesos en los que se entabla una de estas particulares peticiones de “non facere”, ya que también en este punto la confusión es una constante.

To deal with conduct that contravenes the provisions of Law 34/2002, of June 11, 2002, on information society services and electronic commerce (hereinafter, LSSICE), users have at their disposal the entire repertoire of civil and criminal actions in order to claim compliance with contractual obligations assumed electronically. However, in addition to the traditional channels for judicial protection, the LSSICE provides for an additional collective protection remedy, known as "injunctive relief", the purpose of which is to obtain the immediate cessation of any conduct contrary to the LSSICE that harms the collective or diffuse interests of consumers and users. In this contribution, we will focus on the analysis of the latter remedy, not only because it has been specifically regulated in the framework of the LSSICE, but also because its complexity raises countless questions that merit reflection. However, and due to the impossibility of covering all the controversial aspects of the aforementioned regulation, we have selected only two in this case, due to their relevance and interconnection. The first refers to standing, which is expressly referred to in Article 31 LSSICE (contemplating a peculiar list of parties entitled to bring a cease and desist action), and the second to the effects of the judgments handed down in proceedings in which one of these particular "non facere" petitions is filed, since confusion is also a constant here.