Desplazamiento de trabajadores en la UE y documentos portátiles A1 falsos: el valor del diálogo y la cooperación frente a la unilateralidad. A propósito de la sentencia del TJUE 23-1-2025, EX C-421/23”

Abstract

El desplazamiento de trabajadores dentro de la UE afecta a menos de 2 millones de personas y se concentra en ciertos sectores y países. Aunque la mayoría de las empresas cumplen con la normativa, este fenómeno ha sido objeto de controversia debido al fraude y las diferencias en condiciones laborales. Para combatir abusos, la UE ha reforzado su regulación, incluyendo la Directiva 2018/957, que iguala salarios, y los Reglamentos de coordinación de la Seguridad Social, que mantienen temporalmente la legislación del país de origen (Reglamento CE/883/2004).

El documento A1 certifica la aplicación de la legislación de Seguridad Social del país de origen y es vinculante para los Estados de destino, salvo en casos de fraude. La jurisprudencia del TJUE, en particular la doctrina Altun, permite a los tribunales nacionales ignorar A1 si se prueba el fraude tras un procedimiento de diálogo y conciliación (PD&C) entre instituciones nacionales.

En la reciente sentencia EX C-421/23 (2025), el TJUE confirma que el PD&C es obligatorio incluso en casos de falsificación de A1, reforzando la necesidad de cooperación entre Estados. La decisión destaca la importancia del diálogo para evitar desprotección laboral y conflictos de doble cotización, manteniendo la confianza mutua en el sistema de coordinación de la Seguridad Social.

The displacement of workers within the EU affects fewer than 2 million people, concentrated in certain sectors and countries. While most companies comply with the regulations, this phenomenon has been controversial due to fraud and differences in working conditions. To combat abuses, the EU has strengthened its regulations, including Directive 2018/957, which equalizes wages, and the coordination of Social Security regulations, which temporarily apply the legislation of the country of origin (Regulation CE/883/2004).

The A1 document certifies the application of the Social Security legislation from the country of origin and is binding on destination countries, unless fraud is proven. The case law of the CJEU, particularly the Altun doctrine, allows national courts to disregard A1 documents if fraud is proven following a dialogue and conciliation procedure (PD&C) between national institutions.

In the recent judgment EX C-421/23 (2025), the CJEU confirms that PD&C is mandatory even in cases of A1 document falsification, reinforcing the need for cooperation between states. The ruling highlights the importance of dialogue to prevent labor protection gaps and double contributions while maintaining mutual trust in the Social Security coordination system.