El delito de enriquecimiento ilícito y los derechos a la presunción de inocencia y a no autoincriminarse

Abstract

Mediante la Ley Orgánica 14/2022, de 22 diciembre, se introduce en el ordenamiento jurídico español el delito de enriquecimiento ilícito. Esta figura, vinculada a la lucha contra la corrupción, cuenta con un importante recorrido en derecho comparado, aunque nunca ha estado exenta de dudas de legitimidad. Con él se busca condenar a un servidor público cuando no hay pruebas suficientes de que ha cometido un delito de corrupción, pero se aprecia que ha experimentado un incremento patrimonial que no se corresponde con sus ingresos lícitos y, preguntado por el mismo, no puede explicar su origen. Esta monografía se centra en el estudio del tipo español, pero para ello se consideró necesario analizar primero los delitos descritos en las convenciones internacionales y en derecho comparado. A continuación, se pone el foco en los elementos del tipo del artículo 438 bis del Código Penal. Una de las cuestiones centrales es la de qué se pretende sancionar, lo que nos lleva a preguntarnos por el bien jurídico protegido y por el núcleo del injusto, ¿se basa la sanción en la desobediencia al requerimiento para justificar el origen de los bienes o en el incremento patrimonial sospechoso? También nos preguntamos quién puede realizar tal requerimiento y cuándo este se entenderá debidamente contestado. Finalmente, se analiza la compatibilidad de este tipo con los derechos fundamentales y los principios inspiradores de nuestro ordenamiento, concluyendo que no es compatible con los mismos.

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