Carácter vinculante de las resoluciones administrativas (CNMC o de un órgano jurisdiccional español) a efectos de una acción civil por daños derivados de una práctica anticompetitiva. Posible vulneración de la independencia judicial

Abstract

El estudio analiza el carácter vinculante de las resoluciones administrativas y judiciales en acciones civiles por daños derivados de prácticas anticompetitivas. A partir de la Directiva 2014/104/UE y su transposición en España mediante el Real Decreto-Ley 9/2017, se establece que una resolución firme de una autoridad de competencia o un órgano jurisdiccional español se considerará irrefutable en demandas por daños. Este principio busca evitar sentencias contradictorias y garantizar la seguridad jurídica. Sin embargo, se plantea el posible conflicto con la independencia judicial, ya que obliga a los jueces civiles a aceptar decisiones previas sin margen para revaluarlas. Se analizan casos como el Cártel del Azúcar y el Cártel del Seguro Decenal, que evidencian los desafíos de aplicar esta normativa. Se concluye que, aunque la vinculación positiva de estas resoluciones puede facilitar las reclamaciones de daños, también puede generar tensiones entre las distintas jurisdicciones y limitar la capacidad de los jueces civiles para interpretar los hechos. El estudio propone una interpretación flexible de la norma y la posibilidad de plantear cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la UE para resolver dudas sobre su alcance.

The study examines the binding nature of administrative and judicial decisions in civil actions for damages arising from anticompetitive practices. Based on Directive 2014/104/EU and its transposition into Spanish law through Royal Decree-Law 9/2017, a final decision by a competition authority or a Spanish court is deemed irrefutable in damage claims. This principle aims to prevent contradictory rulings and ensure legal certainty. However, concerns arise regarding judicial independence, as civil judges are required to accept prior decisions without room for reassessment. Cases such as the Sugar Cartel and the Decennial Insurance Cartel highlight the challenges of applying this regulation. The study concludes that while the positive binding effect of these decisions can facilitate damage claims, it may also create tensions between different jurisdictions and limit civil judges’ ability to interpret the facts. The research suggests a flexible interpretation of the law and the possibility of referring preliminary questions to the Court of Justice of the EU to clarify its scope.