La nueva ley de política criminológica en Panamá, ¿por qué es importante para los criminólogos y qué se puede extrapolar a la realidad española?

Abstract

El artículo estudia la aprobación de la Ley de Política Criminológica de Panamá (2022), primera norma de su tipo en América Latina, y sus implicaciones para la política criminal comparada. Se describe el proceso de gestación de la ley, impulsada desde la Universidad de Panamá y la Secretaría Ejecutiva de la Política Criminológica, analizando su metodología participativa, objetivos estratégicos y mecanismos de implementación. Entre sus aportaciones destaca la creación del Plan Nacional de Política Criminológica 2022–2030, orientado a coordinar instituciones públicas, universidades y sociedad civil en la prevención del delito, la investigación criminológica y la formación de profesionales. El estudio valora la relevancia de esta norma para reforzar la interdisciplinariedad, mejorar la calidad de las políticas de seguridad y servir como modelo para otros países, particularmente España. Concluye que la ley panameña constituye un referente innovador en América Latina y una oportunidad de aprendizaje para el diseño de políticas criminales en Europa.

The article examines the adoption of Panama’s Criminological Policy Law (2022), the first of its kind in Latin America, and its implications for comparative criminal policy. It describes the development of the law, promoted by the University of Panama and the Executive Secretariat of Criminological Policy, analyzing its participatory methodology, strategic objectives, and implementation mechanisms. Among its contributions, the article highlights the creation of the National Criminological Policy Plan 2022–2030, aimed at coordinating public institutions, universities, and civil society in crime prevention, criminological research, and professional training. The study assesses the importance of this law in strengthening interdisciplinarity, improving the quality of security policies, and serving as a model for other countries, particularly Spain. It concludes that the Panamanian law represents an innovative benchmark in Latin America and a valuable source of learning for the design of criminal policies in Europe.