Contabilidad y covid-19: Análisis de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo en España.

Abstract

La actual crisis sanitaria derivada del Coronavirus Desease 2019, de aquí en adelante COVID-19 (denominación de la Organización Mundial de la Salud), es una enfermedad de la que se reportaron, según la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan, una serie de 27 grupos de casos de neumonía de etiología desconocida, en fecha de 31 de diciembre de 2019, aunque el inicio de los síntomas del primer caso fue el 8 de diciembre de 2019. El aumento de los casos y la propagación a territorios externos desencadenó una situación incontrolable, por la cual el día 30 de enero de 2020 el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) convocó al Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional, declarando así que el brote provocado en 2019 constituía una emergencia de salud pública de importancia internacional. En España, el mismo día se reunieron la Comisión de Salud Pública y representantes de las sociedades científicas en el Ministerio de Sanidad. Tras esta reunión acordaron medidas de respuesta entre las que se encontraban: un protocolo de actuación ante la aparición de los posibles casos sospechosos en España, medidas para la detección temprana y seguimiento del paciente y de los contactos estrechos. (Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Ministerio de Sanidad, 2020) El miércoles 11 de marzo de 2020 la OMS declara la enfermedad del COVID-19 una pandemia de riesgo internacional, tras esto y la evolución sanitaria, el Gobierno de España declara el estado de alarma mediante el RD 463/2020, de 14 de marzo de 20201, así como la imposición del confinamiento domiciliario. Esto conllevaría el cese temporal de la actividad económica de aquellos sectores no considerados de primera necesidad, o esenciales. 1 Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo de 2020, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, modificado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo de 2020. (BOE 18 de marzo de 2020). 3 Para paliar la grave situación y frenar la caída económica, el gobierno ha instrumentalizado tanto a los organismos públicos como privados de las herramientas oportunas. Como medidas disponibles, se otorgan recursos públicos para el alivio impositivo y el sostenimiento de la economía, así como para reforzar la sanidad, la protección de los trabajadores, autónomos y PYMEs. Una de las medidas para hacer frente a las consecuencias producidas por el COVID-19, es el Expediente de Regulación Temporal de Empleo, siendo este el objeto de estudio, que desarrollaremos a lo largo de este Trabajo de Fin de Grado (TFG). De aquí en adelante, haremos referencia a este término como ERTE. El ERTE, es una medida mediante la cual el empresario puede llevar a cabo una suspensión de contrato o reducción de jornada, de forma temporal, en el caso de que concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, o por fuerza mayor, siendo esta última causa la más importante para el estudio de este trabajo. Con esta medida de flexibilización interna se ha conseguido evitar los despidos masivos, siendo una figura promovida para el mantenimiento del empleo en las empresas. En estos dos últimos años, esta herramienta se ha convertido en la más utilizada para la protección de los empleos, así como alcanzar la viabilidad económica en el ámbito empresarial. Los empresarios y trabajadores se han refugiado jurídicamente en esta figura, para equilibrar las pérdidas ocasionadas tras el cese temporal de la actividad, debido al confinamiento domiciliario, y al resto de medidas sanitarias tomadas por el Gobierno que han producido una bajada de ingresos. Según el Fondo Monetario Internacional, la crisis del COVID-19 ha representado el desafío más importante para la economía global desde la II Guerra Mundial. La economía española, tras un estado de alarma muy severo, ha mantenido una evolución en forma de “V”, con una caída importante en el PIB (hasta llegar a una caída interanual del -21,6%) en el segundo trimestre de 2020 (INE, 2021), estimándose una recuperación a largo plazo para 2023. (Torres y Fernández, 2020).

The current health crisis arising from the Desease Coronavirus 2019, hereafter COVID-19 (World Health Organization designation), is a disease of which a series of 27 clusters of pneumonia cases of unknown etiology were reported, according to the Wuhan Municipal Health and Sanitation Commission, as of December 31, 2019, although the onset of symptoms of the first case was on December 8, 2019. The increase in cases and the spread to external territories triggered an uncontrollable situation, for which on January 30, 2020 the Director General of the World Health Organization (WHO) convened the Emergency Committee of the International Health Regulations, thus declaring that the outbreak provoked in 2019 constituted a public health emergency of international concern. In Spain, on the same day the Public Health Commission and representatives of scientific societies met at the Ministry of Health. After this meeting they agreed on response measures among which were: a protocol for action upon the appearance of possible suspected cases in Spain, measures for early detection and follow-up of the patient and close contacts. (Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Ministry of Health, 2020) On Wednesday, March 11, 2020 the WHO declares the COVID-19 disease an international risk pandemic, following this and the health evolution, the Government of Spain declares a state of alarm by means of RD 463/2020, March 14, 20201, as well as the imposition of home confinement. This would entail the temporary cessation of the economic activity of those sectors not considered as essential or essential. 1 Royal Decree 463/2020, of March 14, 2020, declaring a state of alarm for the management of the health crisis situation caused by COVID-19, as amended by Royal Decree 465/2020, of March 17, 2020. (BOE March 18, 2020). 3 To alleviate the serious situation and halt the economic downturn, the government has provided both public and private bodies with the appropriate tools. As available measures, public resources are granted for tax relief and support of the economy, as well as to strengthen healthcare, protection of workers, the self-employed and SMEs. One of the measures to deal with the consequences produced by the COVID-19, is the Temporary Employment Regulation Proceedings, being this the object of study, which we will develop throughout this Final Degree Project (TFG). Hereinafter, we will refer to this term as ERTE. The ERTE is a measure by means of which the employer can temporarily suspend the contract or reduce the working day in the event of economic, technical, organizational or production causes, or due to force majeure, the latter being the most important cause for the study of this work. With this measure of internal flexibility it has been possible to avoid massive layoffs, being a figure promoted for the maintenance of employment in companies. In the last two years, this tool has become the most widely used for the protection of jobs, as well as to achieve economic viability in the business environment. Employers and workers have taken legal refuge in this figure, to balance the losses caused after the temporary cessation of activity, due to home confinement, and the other health measures taken by the Government that have produced a drop in income. According to the International Monetary Fund, the COVID-19 crisis has represented the most important challenge to the global economy since World War II. The Spanish economy, after a very severe state of alarm, has maintained a "V" shaped evolution, with a significant drop in GDP (to a year-on-year fall of -21.6%) in the second quarter of 2020 (INE, 2021), with a long-term recovery estimated for 2023. (Torres and Fernandez, 2020).

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