Efectos de las reformas laborales en el despido colectivo

Abstract

El presente trabajo constituye un estudio de las modificaciones que las sucesivas reformas laborales han llevado a cabo en el régimen jurídico del despido colectivo. La crisis económica que sufre España desde el año 2008 puso de manifiesto la insostenibilidad del modelo laboral vigente en aquel momento, de esta forma la reforma se imponía como necesidad. Se analizan principalmente cuatro normas: la Ley 3/2012, de 6 de Julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, la Ley 36/2011, de 10 de Octubre, reguladora de la Jurisdicción Social y la Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social. Todas ellas operan reformas en el Estatuto de los Trabajadores, dando lugar a un régimen jurídico del despido colectivo más objetivo, formalista y extenso. A pesar de que el objetivo del legislador era dotar de seguridad jurídica al procedimiento, la jurisprudencia ha puesto de manifiesto una serie de problemas de aplicación práctica que no cumplen con tal objetivo.

The present work is a study of the changes that the successive labor reforms carried out in the legal system of collective dismissal. The economic crisis in Spain since 2008 highlighted the unsustainability of the current labor model at the time, thus the reform was imposed as a necessity. Mainly four standards are analyzed: Law 3/2012, of July 6, on urgent measures to reform the labor market, Royal Decree 1483/2012, of October 28, regulation of procedures approved, the Law 39/2011, of October 10, regulating the labor courts and the Law 1/2014, of February 28, for the protection of part-time workers and other urgent measures in the economic and social order. They all operates reforms in the Workers´ Statute, giving rise to a legal regime of the collective dismissal more objective, formal and extensive. Although the goal of the Legislature was to provide legal security procedure, case law highlighted a number of practical implementation issues that do not meet this objective.