Pederastia: ¿Existen tratamientos eficaces? Programas dentro y fuera del ámbito penitenciario

Abstract

El abuso sexual hacia menores es un problema de índole internacional. La Organización Mundial de la Salud cifra en 223 millones las víctimas anuales menores de 18 años (OMS, 2014), lo que supone una prevalencia que supera el 20% en Australia, África y Estados Unidos y se estima alrededor de un 13% en Europa y Sudamérica. Lamentablemente, España no es una excepción a estas estadísticas. El dato más reciente en nuestro país sobre el número conocido de abusos y agresiones sexuales a menores es de 1.271 (Memoria Elevada de la Fiscalía General de Estado, 2016), mientras que el número de personas condenadas por delitos sexuales a menores se reduce a 318 (INE, 2016). Si bien el hecho de que la cifra de condenados sea inferior al número de delitos conocidos se puede atribuir a factores como la multirreincidencia o la falta de evidencia judicial que prospere en sentencias firmes, lo cierto es que se observa un aumento de condenas en este ámbito de hasta el 40% respecto a años previos (INE, 2016). Las previsiones de futuro no son demasiado esperanzadoras si a estos datos añadimos que el desarrollo de las nuevas tecnologías ha producido un incremento de la distribución de contenidos de pornografía infantil, lo que permite una mayor accesibilidad a dichos contenidos; favorece la comunicación entre los consumidores y aumenta las posibilidades de que se establezca contacto virtual o físico con los menores de una manera más fácil (Niveau, 2010). El reciente ascenso de condenados y el potencial ascenso de consumidores de pornografía infantil a través de las redes, unido a la cifra negra habitual en este tipo de delitos (Echeburúa y Guerricaechevarría, 2000), justifica la necesidad de elaborar una revisión de los tratamientos nacionales e internacionales que se llevan a cabo, así como proponer una discusión sobre qué debe entenderse como eficacia en el abordaje terapéutico de esta población.

Child sexual abuse is a problem of international nature. The World Health Organization estimates 223 million annual victims under 18 years (WHO, 2014), which means a prevalence that exceeds 20% in Australia, Africa and the United States of America. Moreover, it is estimated at around 13% in Europe and South America. Unfortunately, Spain is not an exception to these statistics. The most recent data in our country on the known number of sexual abuse and aggressions against minors is 1,271 (High Memory of the State Attorney General's Office, 2016), while the number of people convicted of sexual crimes against minors is reduced to 318 (INE, 2016). It is possible, though, that the number of convicts is lower than the number of known crimes, which can be attributed to factors such as multiple recidivism or the lack of judicial evidence. However, the the truth is that there is an increase in sentences in this area, up to 40% compared to previous years (INE, 2016). The future forecasts are not too hopeful if we add to these data that the development of new technologies has produced an increase in the distribution of child pornography contents, which allows greater accessibility to child abuse contents; favors communication between pedophiles and increases the chances of establishing virtual or physical contact with children in an easier way (Niveau, 2010). The recent increase of condemned people and the potential rise of consumers of child pornography through networks, together with the usual unknown real epidemiology of this type of crime (Echeburúa and Guerricaechevarría, 2000), justifies the need to develop a review of national and international treatments, as well as proposing a discussion on what should be understood as efficacy in the therapeutic approach of this population.